El “Chernóbil del Amazonas”
He tenido ocasión de relatar algunos aspectos sobres los pozos zombis (ver la nota enviada a este mismo medio de información en el 4-9-39).
Con la denominación “pozo zombis” se califican lo pozos de petrolíferos agotados que siguen desprendiendo metano a la atmósfera. En dicha nota subrayé como las empresas petroleras no sellaban los pozos. En esta nota me referiré al desastre ocasionado en Ecuador, en plena selva amazónica, por la empresa que explotó el petróleo durante 28 años (desde 1964 hasta 1992), perforando 340 pozos y excavó otros 657 para ser utilizados como almacenes de residuos del petróleo y lodos de perforación.
La historia comienza en 1964 cuando la empresa Texaco firmó un contrato con la junta militar que gobernó el país entre 1963 y 1966. Con el banano como único producto de exportación, la explotación petrolífera despertó una gran esperanza económica. La multinacional norteamericana penetró en la selva tropical y construyó un oleoducto de 500 km hasta la costa del Pacífico y levantó una ciudad a la que se denominó Lago Agrio (Texaco se fundó en la ciudad tejana denominada Sour Lake).
La brotación del primer petróleo desencadenó una gran euforia nacional. El primer barril fue paseado por Quito y exhibido en la principal academia militar del país. Ecuador se convirtió en el mayor exportador de petróleo de Suramérica por detrás de Venezuela y el producto interior bruto se duplicó en una década. La actuación en la selva supuso la tala de miles de árboles. La construcción de carreteras y la instalación de líneas eléctricas, dio lugar a la expansión de empresas madereras y la proliferación de cultivos de palma aceitera. Fueron afectados 21.000 kilómetros cuadrados de selva, superficie equiparable al de la Comunidad Valenciana. La consecuencia más grave fue la expulsión de los indígenas de sus tierras de forma poco amistosa.
¿Qué consecuencias afectaron a la población?. Los estanques con olor a gasolineras, ríos contaminados, abortos espontáneos, erupciones cutáneas, cáncer de huesos que es 10 veces superior al promedio ecuatoriano. Ante esta situación, en 1993 se presentó la primera demanda judicial por contaminación en nombre de 30.000 agricultores (colonos y comunidades indígenas). Los abogados de la acusación definieron la situación como un “Chernóbil del Amazonas”. Un año más tarde un portavoz de Texaco declaraba en el periódico The New York Times que “no hay pruebas que relacionen su producción de petróleo con al aumento de la incidencia del cáncer”. Sin embargo, Richard Cabrera, perito geólogo, nombrado por la Corte de Justicia de Quito como perito del caso, calculó los daños causados por el petróleo en 27.000 millones de dólares.
La multinacional Texaco culpó del problema a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador, que asumió la explotación petrolera cuando la empresa norteamericana dejó el país en 1990. Pese a la postura inicial, tres años después cuando Texaco ya no estaba en Ecuador, acabó aceptando un acuerdo con el gobierno ecuatoriano para gastar 40 millones de dólares en la limpieza de los pozos tóxicos. Los afectados, no obstante, siguieron pleiteando hasta que un nuevo juzgado transformó totalmente la partida. En el año 2000 la petrolera Chevron compró Texaco por 45.000 millones de dólares y se hizo cargo de los litigios pendientes. Once años después, en 2011, un tribunal ecuatoriano multó a la petrolera con 9.000 millones de dólares por contaminación ambiental. Hasta la fecha Chevron no ha pagado un centavo de compensación, ni ha tomado medidas para reparar el daño al medio ambiente en la región. En su día, un portavoz de la compañía declaró en la revista Newsweck: “No permitiremos que los países pequeños traten así a las grandes empresas. Lucharemos hasta que el infierno se congele, ¡y luego lucharemos en el hielo!”
En una inquietante maniobra jurídica, Chevron llevó la causa ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, argumentando que todas las reclamaciones han sido pagadas hace tiempo y los daños ambientales que causó ya fueron reparados y la sentencia que obligaba a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares había sido fraudulenta, dictada por un juez corrupto e inaplicable según derecho internacional.
El tribunal de La Haya asumió los argumentos de la multinacional petrolera. La sentencia obligaba a pagar al estado ecuatoriano los 9.000 millones de dólares y abonar una compensación de 2000 millones a favor de la petrolera.
¿Nadie pagará?, pero la Alianza Ceibo (formada por comunidades indígenas) seguirán su lucha contra las petroleras, en un esfuerzo desesperado para que su hogar sea descontaminado y puedan seguir viviendo en su ambiente.
Julio C. Tello Marquina
Profesor emérito Universidad de Almería