A lo largo de mi vida profesional he tenido ocasión de conocer (y, a veces, participar) numerosos problemas originados por la sanidad de semillas de hortalizas, por la valoración de pérdidas de cosecha causadas por microorganismos fitopatógenos, por el estado sanitario de los sustratos de uso agrícola, por la sanidad de plantas en los semilleros o planteles. En unos casos, la aplicación de la normativa legal para estas actividades, daba lugar a recurrir a procesos legales en los juzgados. En otros, antes de llegar al juzgado, las partes implicadas llegaban a acuerdos resolviendo así la cuestión en litigio. Debido a la experiencia acumulada, me ha parecido de interés referir la noticia que resumo a continuación.
En 2013 la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, comenzó la investigación sobre un producto que se vendía como abono. Los análisis de las muestras revelaron la presencia de diferentes materias activas de productos fitosanitarios. Se inició, entonces, la “Operación Fresón” con actuaciones policiales en Almería, Badajoz, Barcelona, Murcia, Tarragona y Valencia.
La Asociación Empresarial para la protección de Plantas (AEPLA), se personó como acusación particular en dicha causa.
La “Operación Fresón” permitió determinar de manera completa la actividad delictiva. Desde la elaboración en Asia, vías de importación, formulación, hasta la distribución en España.
La Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia, después de ocho años de proceso, condenó a 15 de los detenidos a penas de prisión con duraciones que oscilan de seis meses a dos años y medio, por delito continuado contra la salud pública.
La sentencia, además, incluye falsedad en documento mercantil, pertenencia a organización criminal, delito contra la propiedad industrial por infracción de marcas y patentes. A todos estos delitos se añaden inhabilitación para comercialización de fitosanitarisos, las multas correspondientes y el pago de las costas del procedimiento judicial.
Merece la pena meditar sobre los hechos como el comentado.