El objetivo no es otro que disponer cuanto antes de los volúmenes de agua que las comunidades de regantes han intercambiado», aseguran desde Feragua.
Y es que las comunidades de regantes que han adquirido los derechos sobre el agua de las comunidades arroceras que no han podido sembrar se encuentran, en este momento, pendientes de la autorización administrativa de sus acuerdos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Dicha autorización, detallan los regantes, requiere de los informes preceptivos (y no vinculantes) tanto del Ministerio de Agricultura como de la Consejería del ramo andaluz.
«Las dos partes necesitan la mayor celeridad posible: los cedentes, para cobrar el importe correspondiente, y los cesionarios, para poder hacer la planificación de riego correspondiente», insisten en Feragua.