Hablamos de los ERT, envases retornables de transporte. Quédense con este nombre. Estos envases, por lo general verdes o negros que todos hemos visto alguna vez en el supermercado exponiendo la fruta y la verdura. Hasta hace no tanto, estos envases eran de un solo uso; pero han tenido que adaptarse a los tiempos. Desde hace una década, utilizan envases plegables y reutilizables que, en principio, lavan y desinfectan tras cada uso.
En España, hay tres empresas que dominan este mercado: IFCO, Euro Pool y Logifruit. Estas se encargan de proporcionar los envases a las comercializadoras y distribuidoras a las que llega el género, para que sea envasado y enviado a los distintos puntos de venta.
Según un artículo de Valenciaplaza, en 2017 estas tres empresas sumaron una facturación conjunta de 435 millones de euros. Además, la Asociación de Operadores Logísticos de Elementos Reutilizables Ecosostenibles (Areco), patronal que aglutina a estas tres firmas, asegura que en España son más de 4.000 los productores que utilizan el sistema de alquiler de envases que ofrecen estas empresas.
¿Y en qué consiste este sistema del que hablan?
El circuito es sencillo. Imaginemos a un agricultor llevando su producto a la comercializadora. Esta se encarga de distribuirlo a los distintos puntos de venta, como puede ser el mercado de abastos, una cadena de restaurantes o un supermercado. En muchos casos, el distribuidor tiene libertad para enviar el producto en el envase que considere oportuno; en otros, es el comprador quien decide qué envase debe ser utilizado. Y es aquí donde aparece el problema.
Las empresas proveedoras de estos envases cobran un alquiler por cada caja cedida a las distribuidoras. El precio unitario, dependiendo de la empresa o del tipo de caja, oscila entre los 70 y los 90 céntimos. A esto, en muchos casos hay que sumarle la fianza, que llega a superar los 3 euros y medio por caja. Esto provoca que con cada operación se muevan miles de euros. Operaciones que no cualquier distribuidora se puede permitir.
Bien, hasta aquí podríamos pensar que todo es normal y que no se produce nada atípico. La empresa compradora está en su derecho de exigir qué envase prefiere para cada uno de los productos que recibe. El problema radica en que, teniendo el mismo envase, con las mismas dimensiones, material y demás características, este comprador exige una marca y no otra, sin tener, a priori, ningún contrato de exclusividad.
¿Qué dice la ley al respecto?
El artículo 1 de la LDC (Ley de Defensa de la Competencia) prohíbe, cito textualmente, “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.”
Hemos contactado con varias de estas comercializadoras que, por motivos de seguridad, prefieren mantenerse en el anonimato. Nos dicen que a la hora de enviar el producto a ciertos supermercados no hay cabida para la negociación. “No hay ningún tipo de negociación con ellos, nos dicen que con este envase o nada”. Se quejan de que el envase venga impuesto por el proveedor. Ya que, aseguran que el mismo ERT fabricado por una empresa distinta a las citadas sale más barato. De hecho, dicen, el alquiler es más del doble.
Veamos 2 artículos más.
Expansión, en 2010, “El cártel de las cajas aviva la batalla del envase”. Y el artículo reza así: “La Comisión Nacional de la Competencia está investigando un supuesto cártel de fabricantes y vendedores de envases de plástico para el embalaje de frutas y verduras. El organismo […] ha decidido intervenir porque cree que “existen sospechas de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de fijación, de forma directa o indirecta, de precios y de condiciones comerciales o de servicio, así como de reparto de mercado”.
FH Almería, en 2013, “Las comercializadoras están ‘maniatadas’ a la hora de decidir qué envases utilizar”. Y el artículo dice lo siguiente: “Las comercializadoras de frutas y hortalizas almerienses pierden a diario dinero a causa de la exigencia de buena parte de las grandes distribuidoras de que utilicen unos envases específicos. Normalmente se trata de cajas de plástico de las marcas IFCO o Euro Pool, que implican el pago de un alquiler y una fianza, además del sobrecoste respecto al cartón”.
¿Qué dicen las empresas proveedoras o las propias compradoras?
De momento, no han querido respondernos. Y desde aquí nos ponemos a su disposición para cualquier declaración que quieran hacernos. Hemos contactado con cada una de ellas y han preferido mantenerse al margen. Algunas ni siquiera respondieron a nuestros mensajes; otras, mantuvieron el contacto con nosotros hasta que les hicimos llegar las preguntas.
Estos son los datos y suyas son las conclusiones. La semana que viene volvemos con una nueva entrega en la que las cartoneras entran de lleno en el conflicto. Un conflicto con un horizonte incierto que no ha hecho más que empezar.